El Consejo estaría formado representantes
vecinales y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), así como
representantes de entidades bancarias, promotoras e inmobiliarias, para lograr
puntos de conexión entre el stock de viviendas vacías existente en el municipio
y la demanda social, así como para buscar medidas que ayuden a buscar un
equilibrio entre el mercado inmobiliario y la función social que debe
desempeñar la propiedad privada
El derecho a una vivienda digna, ya sea en
propiedad o en alquiler, constituye la base para que cada persona pueda
desarrollar su proyecto vital. Por ello, tenemos que ser conscientes de que el derecho
a la vivienda está íntimamente ligado al DERECHO A LA VIDA.
Y es que, cuando hablamos de los desahucios, no
sólo estamos hablando de la pérdida de una vivienda para las familias, sino
también de una condena financiera de por vida, una cadena perpetua económica,
social y vital, que en un alarmante número de casos se consuma en la pérdida
directa de vidas.
Se trata de una
situación profundamente injusta sobre la que es imprescindible que todos
pongamos de nuestra parte para darle solución y evitar que todas las
consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable.
El Gobierno Central,
es quien tiene en su mano la posibilidad de cambiar las reglas del juego,
introduciendo de una vez, la DACIÓN EN PAGO en la legislación hipotecaria.
Mientras tanto, y viendo la negada voluntad política de nuestro Gobierno
popular, no debemos cesar en buscar todas las alternativas posibles para atajar
este gravísimo problema.
Un paso
adelante, es sin duda alguna, el dado por el Gobierno Andaluz a través de la Consejería de
Fomento y Vivienda mediante el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de
medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la
Vivienda.
Este Decreto viene a ser un Plan de choque para salvaguardar el derecho
a una vivienda digna, ya que incluye acciones como obligar a la banca y
sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cual es el parque de
viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su
incumplimiento o incluso expropiar temporalmente del uso de las viviendas en
aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran
circunstancias sociales, tales que su salida del domicilio, suponga una condena
a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica.
Es por ello por lo que, igualmente solicitaremos al Gobierno de
Cantabria que tome medidas similares al respecto.
Pero
además, desde el PSOE consideramos que, a
pesar de las dificultades y limitaciones para actuar desde el ámbito municipal, este Ayuntamiento también tiene en su mano
la adopción de medidas encaminadas a proteger el derecho a una vivienda digna.
Por ello, los
concejales socialistas queremos pedir a todos nuestros compañeros, aunar
voluntades y apoyar la creación de un CONSEJO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, que
congregue a representantes vecinales
y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), así como representantes
de entidades bancarias, promotoras e inmobiliarias, para lograr puntos de
conexión entre el gran stock de viviendas vacías existente en el municipio y la
demanda social.
No hay que olvidar que
en Castro Urdiales, la VIVIENDA ha sido y es un elemento importante, sobre el
que ha girado gran parte del movimiento demográfico, turístico, económico
y social del municipio.
La vivienda es, por suerte o por desgracia,
una “materia prima” de nuestro municipio. Por ello, debemos tratar de orientar
su función, buscando un equilibrio entre el interés económico y la función
social que debe desempeñar, procurando atender las necesidades sociales de
nuestro municipio.
En consecuencia,
consideramos imprescindible la reacción del Ayuntamiento de Castro Urdiales, y
es por lo que presentamos la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Pleno del Ayuntamiento de Castro acuerda:
1.- Instar al
Gobierno de España a que modifique la legislación hipotecaria con la mayor
rapidez posible, homologando de este modo nuestra legislación con la europea,
incluyendo la figura de la dación en
pago, para evitar la condena financiera de por vida de aquellas personas
que han perdido su vivienda.
2.- Solicitar
al Gobierno de Cantabria la adopción de medidas legales de similares características
a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía recogidas en el Decreto
Ley 6/2013 de 9 de abril, de Medidas
para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en
Cantabria.
3.- Crear un consejo municipal de vivienda en el que participen representantes
vecinales y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), así como
representantes de entidades bancarias, promotoras e inmobiliarias, para lograr
puntos de conexión entre el stock de viviendas vacías existente en el municipio
y la demanda social, así como para buscar medidas que ayuden a buscar un
equilibrio entre el mercado inmobiliario y la función social que debe
desempeñar la propiedad privada.
4.- Convocar una comisión monográfica urgente de Asuntos Sociales para abordar el
tema de la vivienda, a los efectos de establecer e informar sobre el
parqué municipal de viviendas públicas, el registro de demandantes de alquiler
social y viviendas de protección oficial, e ir trabajando sobre un borrador de
Estatutos del Consejo Municipal de la Vivienda, invitando a representantes
vecinales y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Castro
Urdiales, al objeto de elaborar un plan
de acción preferente en esta materia.
5.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de Cantabria, al Gobierno
de España y a la Federación de Municipios de Cantabria, a los efectos
oportunos.
Mª Begoña Vega
Martín
Concejala Grupo Municipal
Socialista
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