Es
necesario un pacto de Estado y un consenso con los colectivos profesionales
para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
El pasado 22 de noviembre
entró en vigor la ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.
Tras una
tramitación de vértigo en el Parlamento con evidente afán de ocultación a los
ciudadanos, su contenido constituye una
muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un desmantelamiento de
los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el ejercicio efectivo de los derechos
fundamentales.
La Ley 25/1986,
de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, ya erradicó de
nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que
todos los ciudadanos pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su
situación económica o su posición social. Por ello parece mentira que en pleno Siglo XXI, el Ministro Alberto Ruiz
Gallardón, con una peculiar y muy peligrosa idea de la justicia, pretenda imponer estas tasas
judiciales, haciéndonos retroceder a épocas ya superadas, respaldado por su
partido: el Partido Popular.
Este cambio normativo tan RADICAL se ha llevado
a cabo desoyendo a los colectivos profesionales implicados: jueces, fiscales,
secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores, consumidores y
usuarios…; sin haberse aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios
a lo largo de su tramitación en ambas Cámaras; y contra el criterio del Grupo
Socialista, al extenderse el pago de tasas judiciales a toda persona natural
y jurídica, así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso
administrativo y social.
Y es que las tasas aprobadas ATENTAN contra el derecho FUNDAMENTAL a la TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA previsto en el Artículo 24 de la Constitución.
El objetivo
recaudatorio que persigue esta Ley es desproporcionado con la limitación del
derecho de acceso a la justicia y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención de tutela
judicial efectiva.
Y es que el “efecto disuasorio” solo es tal, para
quienes tengan menos capacidad económica; y ello sin perder de vista que al no
existir otras alternativas a la Administración de justicia, lo que puede
fomentar es que cada uno se tome la justicia por su mano.
Por ello, el Grupo Socialista ha presentado Enmienda
a la totalidad de devolución del proyecto de ley, y ha instado a las Mesas de
las diferentes Comisiones la exclusión
de las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales y a
garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no
poder hacer frente al pago de la tasa judicial; anunciado que presentará
recurso de inconstitucionalidad contra la ley.
Ello no obstante,
y como muestra de la improvisación y
chapuza que está llevando a cabo el Ministerio de Gallardon, el día de
entrada en vigor de la ley (22 de Noviembre) ni siquiera se había aprobado el
Modelo Oficial para liquidar la tasa, que debe aprobar el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Publicas, de forma que se ha creado una situación
de incertidumbre e inseguridad jurídica que da a la vez vergüenza y pavor.
Finalmente, y tras varias vacilaciones, parece que
la tasa empezara a aplicarse sin efectos retroactivos a partir del momento en
que se apruebe el modelo oficial de liquidación que puede tardar días o
semanas.
Ante este lamentable espectáculo que esta ofreciendo
el Ministerio de Justicia y el Gobierno del Partido Popular que no ha querido
atender a las demandas de los colectivos implicados, de los grupos de la
oposición, ni al sentido común, se han sucedido diversas movilizaciones en toda
España.
En Cantabria se han
llevado a cabo sendas concentraciones los días 12 de Noviembre y 23 de Noviembre ante las sedes de los
Palacios de Justicia, concentraciones SIN PRECEDENTES en las que jueces, fiscales,
secretarios judiciales abogados y procuradores se han unido para instar la
retirada de las tasas judiciales y por la Justicia.
Por ello, los
concejales del Grupo Municipal Socialista consideramos necesario que toda la sociedad, y el Ayuntamiento de
Castro Urdiales, hagan llegar su sentir común contra las tasas injustas a
través de un acuerdo plenario instando al Gobierno de España a que suspenda la
entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en
el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, hasta que se
concierte y firme un Pacto de Estado, para cuya redacción sean oídos los
colectivos profesionales de jueces, fiscales, secretarios judiciales,
funcionarios, abogados, procuradores y consumidores y usuarios; por el que
se modifique la normativa para garantizar
el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva, excluyendo a las personas físicas como sujetos obligados al pago de
tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso
a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial.
Mª
Begoña Vega Martín
Concejala Grupo
Municipal Socialista
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