Méndez acusa de cinismo a la Consejera de Presidencia y Justicia por pedir a las víctimas que denuncien si no las va a ayudar ni a proteger
Santander, 8 de
diciembre de 2012.- El PSOE presentó esta semana una proposición no de
ley para exigir el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y que
se repongan todos los recursos y programas que el gobierno anterior puso en
marcha para “luchar denodadamente contra la vioelncia de género y que el PP ha
desmantelado”
La diputada socialista, Ana Isabel Méndez, recordó que en
Cantabria 5 mujeres han sido asesinadas en la última década; 4.678 mujeres
reconocieron ser víctima de maltrato en las entrevistas que les
hicieron sus médicos de primaria entre los años 2005-2009 y 710 cántabras viven bajo protección
policial.
Para el PSOE resulta “muy
preocupante” que las cifras oficiales del CGPJ, la Fiscalía superior de
Cantabria y el propio Gobierno de Cantabria indiquen que el problema está
empeorando porque las víctimas están perdiendo su confianza en los recursos
públicos y porque carecen de casas de acogida en las que refugiarse con los
hijos de su maltratador porque el PP decidió “desmantelarlas” al considerar que
“ya no hacían falta”.
Méndez afirmó que este año el índice de denuncias está
siendo inferior al de años anteriores, “a pesar de que sabemos que en Cantabria
hay una
gran bolsa de violencia oculta y tan solo se denuncia el 27%
de la violencia existente”. A su juicio, las cifras indican igualmente que las
víctimas están dejando de confiar en los recursos públicos y están bajando a un
ritmo más que preocupante las llamadas al 016.
La diputada socialista señaló que
los datos indican que las víctimas están dejando de confiar en una Justicia.
“Una Justicia en muchos casos negada a las víctimas”. De hecho, indicó que han
descendido “de forma preocupante” la concesión de órdenes de protección
solicitadas, un 10% menos; ha descendido también un 3% el porcentaje de
condenas, en su mayoría por falta de pruebas, “un caso muy común cuando
hablamos de maltrato que se produce en domicilios privados donde tan solo la
víctima y el agresor pueden relatar los hechos”. Y por otro lado, hay un cada vez “más abultado” número de
sobreseimientos judiciales que en ocasiones tiene que ver con esas renuncias de
las propias víctimas, que se han incrementado.
“Cantabria
era la autonomía donde se producían menos retiradas de denuncias hasta hace un
año. Y este dato era fruto de la total implicación de todas las instituciones y
organismos existentes en la región, de los profesionales formados al frente de
recursos necesarios y de las organizaciones de mujeres que les informaban
correctamente de todo el proceso y les acompañaban. Ya
no lo es, porque se están incrementando las renuncias. Algo se está haciendo
muy mal”, criticó.
Por otro lado, Méndez afirmó que “resulta
preocupante” que se hayan incrementado
los delitos de amenazas y coacciones, que suelen darse sobre todo en las primeras fases de los procesos de ruptura de la
relación, disuadiendo a las víctimas de continuar con la denuncia.
“La decisión de la consejera de
Presidencia y Justicia y de la directora de la Mujer de abandonar a las
víctimas a su suerte sabiendo que la desprotección y la justicia negada, además
de un maltrato añadido, supone la pérdida de confianza en el sistema judicial y
fortalece a sus agresores”.
Una consejera que, según señaló, “lo primero que hizo al
llegar a su cargo fue insultar a las víctimas, como recogieron medios de
comunicación nacionales, e insultar a las organizaciones de mujeres
expertas que han atendido a 8.000 victimas durante 20 años incluso cuando nadie
lo hacía”.
También cítrico que el Gobierno
de Cantabria haya aplicado un recorte “brutal” en los recursos del Estado y del
Gobierno de Cantabria para las víctimas y haya eliminado los programas de
prevención en los centros educativos y las campañas de prevención y
concienciación, a pesar de que se ha incrementado un 24% el número de menores
enjuiciados por violencia de género.
Y añadió que ahora el PP
“pretende hacer pagar tasas judiciales a las víctimas” en los procedimientos de
separación y divorcio (entre 300 y 800 euros) y reformar el Código Penal para
que un agresor pueda saldar la condena con una simple multa, para que
desaparezcan las vejaciones injustas como faltas o introducir la mediación
familiar en casos de maltrato. “Hoy con el PP las víctimas están desamparadas y
lo saben y la bolsa de violencia oculta se está incrementando”.
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