La secretaria general de los socialistas
cántabros critica que pone en peligro los derechos de las generaciones futuras.
La secretaria general de los socialistas
cántabros, Eva Díaz Tezanos, ha afirmado este martes que la reforma de la Ley
de Costas que pretende hacer el Partido Popular "no sólo va a facilitar la
privatización de un bien público de gran valor estratégico para el país, si no
que va a favorecer la degradación y la especulación de toda la franja costera y
su litoral".
En un encuentro mantenido en Cabezón de la
Sal con un grupo de afiliados y simpatizantes, Díaz Tezanos ha señalado que el
Gobierno de la Nación "debe ser responsable y no puede obviar su compromiso
de proteger los derechos de las generaciones futuras". "Eso se llama
solidaridad intergeneracional, algo que los responsables de PP
desconocen", ha dicho.
Frente a ello, los socialistas apuestan por
"un desarrollo sostenible que permita un crecimiento económico responsable
que no ponga en juego un patrimonio natural tan sensible como es el frente
costero".
Díaz Tezanos afirmó sentirse
"sorprendida" por las declaraciones de Ignacio Diego en las que se
enorgullecía de que los políticos del PP de Cantabria hubieran liderado a nivel
nacional esta reforma. En este sentido, señaló que "es una falacia que la
reforma vaya a generar más empleo. Al contrario, dijo, se trata de "una
medida cortoplacista que generará pan para hoy y hambre para mañana, y que lo
único que va a hacer es poner en peligro la herencia medioambiental que deben
recibir nuestros hijos".
Para la secretaria general del PSC,
"es inadmisible que una Ley, que se concibió como una herramienta de
transparencia para identificar con claridad el bien que había de proteger,
pierda el fin para el que fue creada", y lamentó que se quiera modificar
una Ley amparada por 24 años de aplicación y que ha sido avalada por los
tribunales de justicia.
Díaz Tezanos recordó que los padres de la
Constitución Española, teniendo en cuenta el "feroz" desarrollismo
producido en España durante los años 60 y 70, y para evitar que se pusiera en
riesgo este bien público, añadieron "una visión social" del
patrimonio litoral y para ello, establecieron una serie de limitaciones a la
especulación urbanística en la costa.
"Ahora, los
responsables del PP burlan, una vez más, el espíritu de nuestra Carta Magna y
ponen en manos de los especuladores un gran vacío legal para la defensa de la
titularidad pública, lo que permitirá que se puedan expoliar bienes y valores
públicos para transformarlos en cotos privados y oportunidades de negocio para
unos pocos. Se trata pues, de otro ejemplo de discriminación que favorece a los
de siempre y que cuenta con el aval del Gobierno", denunció.
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