La diputada socialista critica que lo que para Ignacio Diego es ahorro es en realidad recorte en prestaciones y derechos.
Santander, 26 de septiembre de 2012.- La diputada socialista, Dolores Gorostiaga, acusó esta mañana a la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, de mentir sobre el coste de plazas de residencia para “intentar tapar la responsabilidad de su gobierno en el deterioro de la aplicación de la Ley de Dependencia”.
Así señaló, que en la Comisión celebrada el pasado 10 de septiembre, Sáenz de Buruaga “trató” de poner de manifiesto que durante la etapa anterior se pagaban distintos precios por los conciertos de las residencias. “Yo no creo que sea desconocimiento, creo que es mala fe y una cortina de humo para tapar su mala gestión”, apuntó.
En este sentido, Gorostiaga afirmó que la consejera debería decir a los dependientes y sus familias que sus derechos han quedado recortados, anulados o retrasados “porque para el Partido Popular lo importante es el déficit, no la dependencia”.
La diputada socialista recordó algunas de las decisiones llevadas a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy en relación a la Ley de Dependencia, la primera fue paralizar la aplicación de la ley con una moratoria para que los niveles que tenían que entrar en vigor este año se trasladaran al 2015, la segunda fue la eliminación en los presupuestos de la aportación del Estado al nivel acordado que han supuesto casi 6 millones de euros menos de aportación a Cantabria. También han eliminado las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras, han propuesto revisar el copago en todas las Comunidades Autónomas y subirlo entre 4-5 puntos, reducir el 15% la cuantía de las prestaciones económicas para los cuidadores en el entorno familiar y reducir la intensidad en las horas de servicio 360 mil euros menos.
“La consejera de Sanidad y el Sr. Diego tienen que decir que Cantabria va a recibir 7,15 millones de euros menos para invertir en prestaciones y servicios para los dependientes y que con sus medidas de recorte añadidas van a invertir casi 12 millones de euros menos, lo que en Cantabria supone 20 millones de euros menos en inversión en prestaciones y servicios”, señaló Gorostiaga.
La diputada del PSC explicó también que antes de la Ley de Dependencia el coste de los servicios en las residencias de personas mayores se fijaba según las necesidades del paciente y el personal necesario para la atención, existiendo tres precios distintos.
Tras la entrada en vigor de la norma, las necesidades de atención a la dependencia (que según el modelo antiguo se estructuraban en mínima, media y máxima) se adaptaron a los nuevos grados y niveles establecidos (tres grados con dos niveles cada uno de ellos).
Así, además de adaptar la "terminología" de la nueva ley a los conciertos anteriores, se adecuaron los precios, por lo que no ha habido "beneficio indebido" a ninguna empresa del sector ni "gasto irregular" por parte de la Administración regional.
Por ello, y debido a que con estas medidas el PP está “paralizando” y “condenando a la desaparición de la Ley de Dependencia”, la diputada socialista consideró que la consejera de Sanidad debería rectificar y pedir perdón a los funcionarios “que han dado lo mejor de sí mismos para aplicar esta ley”, a las empresas del sector “que invirtieron en Cantabria y que han sido injustamente acusadas” y, sobre todo, a los dependientes y sus familias “porque les han rebajado sus derechos para hacer un falso ahorro”.
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