El desmantelamiento de la Ley de Dependencia.

Puerto Gallego, diputada socialista en el Congreso de los Diputados

  

La ministra Ana Mato, titular de Sanidad, nos ha ofrecido en fechas recientes los datos de ‘ahorro’ en gasto farmacéutico desde que se llevó a cabo la implantación del copago en farmacia. Datos sesgados intencionadamente, como desvela un estudio realizado al respecto y publicado en un diario de tirada nacional. Mientras que la ministra asegura que ha habido una disminución de recetas emitidas del 14,14%, el estudio rebaja este porcentaje a la mitad, y frente al 23,93% de reducción del gasto farmacéutico anunciado por Mato, no llega al 7% el recogido por el estudio. Guerra de cifras e información sesgada es a lo que nos está acostumbrando la señora Mato desde su nombramiento.

Más allá de la veracidad o la ausencia de esta con respecto a estos datos, al menos la ministra se dignó a ofrecer alguna información, cosa que no ha ocurrido con respecto a lo que está suponiendo el desmantelamiento de la Ley de Dependencia y sus efectos sobre las personas más vulnerables. Porque el decretazo del mes de julio que se realizó sobre los derechos de las personas en situación de dependencia supone la destrucción del sistema y, como ha dicho José Manuel Ramírez, Presidente de la Asociación  de Directores y Gerentes de servicios sociales, es el recorte más canalla.

Canalla, porque a través del shock en el que está sumida la ciudadanía, están derogando derechos sociales fundamentales para que las personas se sientan libres y tengan sus necesidades cubiertas. Canalla, porque han ocultado y mentido acerca del verdadero programa de desmantelamiento del Estado de Bienestar. Canalla porque supone destrucción de empleo, destrucción de la red de Servicios Públicos, y cierre de empresas. Y es muy canalla porque deja en la cuneta a miles de familias que cuidan de los suyos ya que no pueden costearse otros servicios, y porque muchos dependientes morirán sin ayuda.

En Cantabria, una de las Comunidades Autónomas que mejores datos tenía en prestaciones y aplicación de la Ley de Dependencia, asistimos en vivo y en directo a la forma desalmada, fría y calculadora con la que el Gobierno del Partido Popular de Ignacio Diego y su consejera aplica los recortes de su  Gobierno central y además le añaden un sobre recorte.

Y así, siguen adelante, sin escuchar a los agentes sociales, a expertos en política social o al Consejo de Trabajo Social de Cantabria que han mostrado su preocupación y su opinión desfavorable a las medidas que se están llevando a cabo.

Porque el impacto en Cantabria será brutal y ya estamos observando cifras y datos que afectarán a los servicios sociales de base; afectarán a las personas con teleasistencia, con ayuda a domicilio, con problemas en las residencias por falta de financiación, con la salida del sistema de los dependientes moderados, con la ampliación del plazo a dos años para que un dependiente reciba ayuda, y a los cuidadores familiares.

En pocos meses hemos asistido al desmantelamiento de la residencia de mayores de La Pereda sin la suficiente justificación, ni la explicación del destino de esas instalaciones; al desmantelamiento del comedor de la tercera edad de Santoña; o la privatización del Centro de Día de la Tercera Edad de Castro, centro público de referencia en Cantabria. Y todo ello, con el silencio cómplice de los gobiernos locales del PP de los respectivos Ayuntamientos.

Estos son ejemplos muy visibles, pero día a día, son más las familias con dependientes que tienen que ‘buscarse la vida’ porque este Gobierno del PP, que había prometido solucionar los problemas de las personas, no ha hecho más que incrementárselos. Porque no es verdad ‘que se pueda hacer más con menos’ y no es verdad que la razón por la cual llevan a cabo estas políticas sea que el sistema no es sostenible.

En el Partido Socialista entendemos la desafección en la que se encuentra la ciudadanía. La situación que estamos padeciendo es preocupante pero no podemos resignarnos a recortes y más recortes. La resignación sólo favorece a sectores, no muy demócratas precisamente, que están como pez en el agua en el contexto de crisis actual y de cambio de modelo social que es el que nos dimos todos con la Constitución del 78.