miércoles, 14 de noviembre de 2012

El PSOE insta al Gobierno regional a reclamar del Gobierno de España una alternativa que garantice las condiciones ambientales del Besaya


Palacio aboga por el acuerdo y el diálogo entre las partes sobre la ejecución de la sentencia de derribo de la depuradora de Vuelta Ostrera

El Grupo Parlamentario Socialista registró esta mañana una moción en la que insta al Gobierno de Cantabria a reclamar del Gobierno de España el acuerdo y el diálogo entre las partes para buscar una alternativa que garantice las condiciones ambientales de la Ría de San Martín y el tratamiento de los vertidos.

Para el diputado socialista, Miguel Ángel Palacio, el compromiso de las partes, que ya existe en la ejecución de la sentencia, “garantiza la vida útil de la estación depuradora de aguas residuales de la Vuelta Ostrera, y por lo tanto, las condiciones ambientales del Besaya”.

“Los socialistas esperamos que el Gobierno de Diego se comprometa firmemente para alcanzar una alternativa que, respetando los acuerdos anteriores, termine mejorando las condiciones ambientales de esta zona, ya que romper ese acuerdo nos puede conducir a un derribo inmediato de la depuradora que no queremos”, afirmó Palacio.

Tras estimar en 50 millones de euros los daños ambientales que produciría el derribo de la actual depuradora y la construcción de la nueva junto con sus instalaciones anexas, si no se llega a tal acuerdo, Palacio recordó que el saneamiento del Besaya “era la gran aspiración ambiental” de todos los ciudadanos de Cantabria, pero sobre todo, de los de la cuenca baja del Besaya.

Aspiración que se convirtió en realidad “gracias al compromiso del Gobierno Socialista”, que en 1994 “propició el principio del fin de la solución del problema ambiental más grave de Cantabria” con la redacción del proyecto de saneamiento y la construcción de los colectores y de la estación depuradora, pero que se vio truncada con la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular, por el que se ordenaba su derribo.

En este sentido, insistió en la necesidad de “dar a conocer los resultados del estudio que la Confederación Hidrográfica del Norte sacó a concurso el año pasado sobre las posibles alternativas y que, en este momento, está en manos del Gobierno del PP”.

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